Máxima de Holanda y un nuevo escándalo relacionado a la dictadura militar

Hace tan solo unos días Máxima de Holanda y su esposo, el rey Guillermo, quedaron en el centro de las noticias luego de que se diera a conocer que su popularidad se haya visto afectada por los numerosos "errores" que los soberanos han cometido durante el transcurso del último año azotado por la pandemia de Coronavirus. Ahora, la monarca vuelve a quedar en el medio de una nueva polémica relacionada a la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla.

Es que según trascendió, Máxima y Guillermo se involucraron con el caso de Julio Poch, un expiloto de la armada argentina investigado por su participación en los llamados "vuelos de la muerte". Parece ser que Máxima intervino e hizo una supuesta llamada -a través de un trabajador de la Casa Real- para intentar influir en el proceso de extradición, enjuiciamiento y absolución.
 

Investigado en 2006 por su posible vinculación con los crímenes de la dictadura, Julio Poch se había radicado en los Países Bajos, desde donde trabajaba para la compañía aérea, Transavia. Fue entonces cuando varios de sus compañeros lo acusaron de jactarse de haber sido partícipe de los "vuelos de la muerte".

Argentina solicitaba su extradición el 2008 pero fue detenido en Valencia (España) en 2009. Finalmente en 2010 fue juzgado en territorio argentino, pasando varios años en prisión hasta que en 2017 fue declarado inocente. Al proceso judicial se le suman algunas irregularidades en el proceso de detención y extradición por parte del Gobierno de Holanda, con la supuesta implicación de la reina Máxima.

 Roelof Jan Mansholt, vicepresidente de Eurojust fue quien en aquel momento explicó que al comité investigador, que recibió una llamada por parte de la Casa Real en la que se cuestionaba si "el caso contra el piloto argentino era necesario", ya que "podría ser doloroso para Máxima". Mansholt respondió de forma contundente que  "mucho más doloroso para las víctimas arrojadas desde el avión y los familiares", y pidió una solicitud por escrito que nunca llegó.

Tras publicarse la investigación del comité, el órgano que regula la relación de la Casa Real con los medios (RVD) ha emitido una respuesta oficial en la que explica que no se ha confirmado que dicha llamada se realizara desde Palacio, además de que, de haber sido así, no ha tenido consecuencias.

Una respuesta que, lejos de haber calmado las aguas, vuelve a poner en jaque a la Corona holandesa y por sobre todo a la popularidad de Máxima y Guillermo.

La relación del padre de Máxima de Holanda con la dictadura de Videla

Jorge Zorreguieta, el padre de la reina Máxima de Holanda, estuvo vinculado a la dictadura de Videla, durante la que fue ministro de Agricultura y Ganadería; y por la que se le impidió asistir a la boda de su propia hija en febrero de 2002 con el entonces príncipe Guillermo.

A fines del año previo al casamiento, el Parlamento holandés determinó que Jorge Zorreguieta no viajara a la boda, luego del reclamo de organismos de derechos humanos en ese sentido. Precisamente, Holanda fue uno de los países que recibió a exiliados políticos a partir de marzo de 1976.

El Parlamento holandés había llegado a expresarse en contra del casamiento, pero finalmente se logró acordar la realización de la ceremonia, pero sin la presencia de Jorge Zorreguieta. Por este mismo motivo, se vio imposibilitado a ser parte de la ceremonia de coronación de Máxima en Holanda como reina consorte.

"Era evidente que mi padre no vendría. Se cerraron acuerdos y éste es un evento constitucional donde mi marido se convertirá en rey y mi padre no tiene que estar", había explicado Máxima en aquel entonces, aunque reconoció que esa decisión "fue bastante dolorosa".